Artículo archivos - Somos Serie B

Muertes bajo custodia estatal: el silencioso circuito de la impunidad

Entre 2016 y 2024, 58 personas fallecieron en recintos policiales, mientras que en las cárceles se registraron más de 500 muertes entre 2019 y 2024. Detrás de estas cifras aparecen versiones de suicidio, violencia, fallas forenses y procesos que no siempre logran establecer responsabilidades. Por Luis Fernando Cantoral Martín Poma Quispe, un chofer de minibús de 58 años, rozó levemente el farol trasero de un automóvil en Mallasilla, La Paz. Pese a que el daño no superaba los 500 bolivianos y el vehículo fue retenido en el garaje de la Estación Policial (EPI) de Calacoto, los custodios encerraron a Poma. Cuando sus hijos acudieron con el dinero, la contraparte y su abogado exigieron retener además sus teléfonos celulares como “garantía”. Rechazaron firmar el acuerdo. Ante la negativa, la suboficial de turno y los custodios mantuvieron retenido al conductor. Luis Fernando Benitez, un albañil de 30 años y padre de dos niños, retornaba de un paseo familiar en Bermejo, Tarija, en el vehículo de su padre. Una patrulla policial lo interceptó por una denuncia de su expareja por un saldo pendiente de asistencia familiar. Fue ingresado a la carceleta del Comando Policial de Bermejo bajo estricta incomunicación hasta que pague. Una vez encerrados, los aprehendidos quedaron atrapados en una “zona gris” sin supervisión independiente. Al cuarto día de detención, por supuesto mal comportamiento, Benitez fue enmanillado al arco de metal de la cancha del recinto, al aire libre, y dejado ahí hasta pasado el mediodía bajo un sol abrasador. Pidió agua, se la negaron. Intentó arrastrar el arco hacia la sombra y una policía le roció gas en la cara, otro lo golpeó con su tolete hasta romperlo. Por la noche, fue agredido con palazos en la cabeza por otro efectivo. Fue llevado a las 11 de la noche al fondo de la cancha, con la ayuda de dos efectivos de Interpol. Apagaron las luces y ejecutaron una golpiza masiva mientras la víctima balbuceaba pidiendo ayuda. Su retención por una deuda civil terminó con su fallecimiento. En la EPI de Calacoto, Gabriela Poma encontró a su padre desesperado pidiendo salir. Mientras gestionaba su liberación, la policía la convocó aduciendo que el chofer “se puso mal”. Los familiares hallaron a Poma en su celda sobre un sillón y sin signos vitales, mientras policías aplicaban alcohol en su rostro para reanimarlo. La versión oficial fue que se había “suicidado con su corbata”, pero la autopsia reveló que Poma presentaba múltiples costillas fracturadas en vida, hematomas en los pies y células epiteliales ajenas bajo sus uñas. El surco en su garganta indicaba un material delgado. Su corbata de trabajo, con la que supuestamente se ahorcó, yacía intacta en la guantera de su minibús. Ante el colapso de los detenidos, la policía “actuó”. En Calacoto, según la denuncia de la familia, el capitán Molina se negó a usar la patrulla parada en la puerta para trasladar a Martín Poma, diciendo que ya venía bomberos para hacerlo, obligando a sus hijas —una de ellas embarazada— a cargar el cuerpo inerte en su auto particular hasta el hospital, donde ingresó sin vida. En Bermejo, los custodios trasladaron clandestinamente a Benitez en camilla al Hospital Virgen de Chaguaya a la 1 a.m. aquejado de intensos dolores, ocultando el hecho a la familia hasta que el representante de la Defensoría del Pueblo los alertó a las 8 a.m. El primer certificado de la médico forense Mabel Villalpando otorgó insólitamente 15 días de impedimento a un paciente con muerte cerebral, mientras el director de la carceleta, Heriberto Colmena Quispe, firmó un informe atribuyendo las lesiones a un “ataque de epilepsia” y posteriormente a una “autolesión por consumo de drogas”. La autopsia constató tres costillas fracturadas, golpes brutales por todo el cuerpo, el corazón desplazado por impactos torácicos y hemorragias sangrantes en la masa cerebral. Los casos de Poma y Benitez son una muestra de la dimensión del problema. En Bolivia, ingresar a una celda policial o carcelaria puede transformarse en una condena de muerte sin juicio. Entre 2016 y 2024, el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas del Ministerio de Gobierno, con datos de la Policía Boliviana, contabilizó 58 personas fallecidas en recintos policiales. La mayoría tenía entre 17 y 30 años. La ausencia de datos judiciales no permitió establecer las causas de todas las muertes ni a sus responsables. Esta investigación de ANF, con el apoyo de IPYS y AECID, en alianza con Erbol, Acceso Investigativo, Brújula Noticias y La Palabra del Beni, documentó 34 casos de muertes ocurridas entre 2010 y 2026, identificados mediante la revisión de publicaciones periodísticas y documentos institucionales, así como información proporcionada por fuentes cercanas a la Fiscalía de La Paz y datos contenidos en un informe de 2024 de la Fiscalía General del Estado. En la mayoría de los casos revisados, las muertes ocurrieron en circunstancias que evidencian situaciones de violencia, abusos o posibles vulneraciones de derechos. La Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), informó para esta investigación que atendió, entre 2021 y 2025, 12 casos críticos de vulneración en celdas policiales: 9 muertes bajo custodia y 3 casos de tortura. Identificó que las muertes en celdas policiales responden a factores estructurales, sanitarios y de violencia: atención médica tardía, agravamiento de enfermedades, uso excesivo de la fuerza, posibles ejecuciones encubiertas como suicidios y presuntos actos de tortura o malos tratos. Señala que la Policía Boliviana no cuenta con protocolos específicos para prevenir muertes bajo custodia, lo que se suma a la falta de registros homogéneos y a la debilidad de los controles internos. El quebrantamiento del deber de garante del Estado se articula mediante un circuito de impunidad: detenciones arbitrarias, uso de tortura en calabozos, precariedad material extrema en las celdas, distorsión pericial en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la autoinvestigación policial y el bloqueo deliberado de causas judiciales. Detrás de los barrotes de las comisarías y los pabellones penitenciarios no se gesta un mero inventario de accidentes

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Viacha. La casta militar y el cuento de la “soberanía”

Artículo / Nathanael Hastie

La trágica explosión en el Regimiento Bolívar de Viacha reabre la discusión sobre las precarias condiciones de la juventud en los cuarteles y el rol histórico de las fuerzas armadas, cuyo alto mando está subordinado al imperialismo estadounidense. Después de la tragedia de la explosión en el Regimiento Bolívar de Viacha que ha dejado como saldo al menos 9 conscriptos fallecidos, un número similar de desaparecidos, y más de 84 heridos, ha reabierto un debate ineludible. Desde diversos sectores se ha planteado la necesidad de discutir la función social del Servicio Militar Obligatorio (establecido en la CPE) y el rol político de las propias fuerzas armadas. Este debate no se produce en cualquier momento, sino tras casi tres meses de estado de excepción, y luego de una serie de operativos de represión conjuntos (policiales y militares) que, a título de “corredor humanitario” reprimieron a punta de gases y balas a la rebelión campesina y popular. La Constitución Política del Estado (Art. 245) establece el carácter no-deliberativo de las fuerzas armadas, pero esta limitación, propia de las democracias liberales no ha sido impedimento para que las fuerzas armadas asuman un papel protagónico en la política nacional, con mayor fuerza a partir del golpe de Estado de 2019. Desde el motín policial, las transacciones bancarias entre altos mandos y el sector empresarial cruceño, la militarización de las calles y la autoproclamación de Áñez ante un parlamento vacío en el que el comandante militar le colgaba la banda presidencial, fueron parte activa del golpe. Blindados por el DS 4078, masacraron en Senkata y Sacaba para imponer la “pacificación” del régimen golpista. La toma militar de la Plaza Murillo del 26 de junio del 2023, que aún no termina de esclarecerse por completo, dejó en evidencia, una vez más, el peso político que tienen las fuerzas armadas en el estado. Se trata de una institución que históricamente ha estado al servicio del imperialismo estadounidense, que a través del Comando Sur emite los mandatos que cumplen las cúpulas militares latinoamericanas. School of Americas Watch, es una organización de defensa de los derechos humanos, que ha hecho pública la lista de exalumnos de esa infame institución, entre los más de tres mil militares bolivianos se encuentran Hugo Banzer, Luis Arce Gómez y muchos otros responsables de las dictaduras militares en el contexto del Plan Cóndor. Pero también se encuentran entre los graduados el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa y el actual comandante en jefe de las fuerzas armadas Víctor Hugo Balderrama Quezada. Al producirse el giro de política internacional del gobierno de Rodrigo Paz, que somete el país a la política exterior de Trump y al “Escudo de las Américas”, los altos mandos militares regresan con toda comodidad al redil del norte. Esto se traduce en encuentros de alto nivel entre las cúpulas militares aliadas al imperialismo estadounidense y un intercambio fluido tanto de inteligencia (bajo el marco de la “lucha contra el t3rr0rismo de extrema izquierda”) y provisión de materiales bélicos. Este intercambio se hizo muy evidente durante la rebelión campesina y popular, de este mayo y junio pasados, con los envíos de aviones hércules de los países vecinos cuyo contenido, según denuncias, fue de gases lacrimógenos. El 2 de septiembre se registró la llegada de un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea estadounidense que, según las declaraciones a los medios de prensa, habría traído 12.500 raciones secas y mil escudos antimotines para reprimir al pueblo. Pero esta “cooperación” es tan solo una arista de los intereses militares del imperialismo estadounidense en Bolivia, pues a la par de los múltiples acuerdos en el rubro de defensa, de “lucha contra el narcotráfico” y otros, existe el memorándum de entendimiento sobre los minerales estratégicos para la defensa estadounidense. Así mismo la incorporación al Consorcio de la Base Industrial de Defensa de los EEUU. de empresa transnacional candiense Eloro Resources Ltd que hoy avanza en la explotación de la mina Iska Iska. Mientras el alto mando intenta justificar su accionar y sus millonarios presupuestos como la “defensa de la soberanía y de la independencia nacional”, pero este discurso cae a saco roto al ver no sólo la sumisión al Comando Sur de los EE.UU., sino también el trato de “su majestad” brindado al monarca español, símbolo del saqueo colonial en Nuestra América y heredero político de la dictadura franquista. Un trato diametralmente opuesto al que reciben los familiares de los conscriptos fallecidos, heridos y aún desaparecidos a causa de la explosión en Viacha. En los últimos 15 años suman más de 70 conscriptos fallecidos en “accidentes” o por negligencia dentro de los cuarteles [1]. La tragedia de Viacha no es un hecho aislado, es la consecuencia directa de las condiciones de explotación a la que son sometidos los jóvenes pobres, utilizados como carne de cañón para la represión interna y mano de obra barata para los negocios de la casta militar. El alto mando justifica su accionar y sus millonarios presupuestos como la “defensa de la soberanía y de la independencia nacional”. El 11 y 12 de marzo de 2026 las tropas rindieron honores de “su majestad” a Felipe VI en el Palacio Quemado. Fue el primer jefe de Estado que recibió Rodrigo Paz, presentado como “gran amigo personal”. El monarca español es símbolo del saqueo colonial en Nuestra América y heredero político de la dictadura franquista. Las madres y los familiares de los conscriptos de Viacha recibieron otro protocolo: muertos, heridos y desaparecidos por la explosión del 4 de septiembre en el Regimiento Bolívar. Según denuncias recogidas por la Defensoría del Pueblo, entre 2011 y 2023 se registraron entre 62 y más de 90 muertes de conscriptos en “accidentes” o por negligencia dentro de los cuarteles; apenas un par de casos derivó en sanción. En Viacha se expresa la explotación cotidiana de los jóvenes pobres, usados como carne de cañón para la represión interna y como mano de obra barata para los negocios de la casta militar. Pero estos atentados a la soberanía

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La doble moral de los papelitos

Artículo / Wilson J. Laura

En Bolivia hay dos documentos, entre otros, que determinan quién puede acceder al poder y quién, convenientemente, no. El certificado de lengua originaria y la libreta de servicio militar. Ambos son requisitos constitucionales para ejercer cargos públicos. Y también ambos pueden ser usados como filtro para inhabilitar candidatos en las cada vez menos creíbles elecciones. Pero hay una diferencia fundamental entre estos dos papelitos que revelan cómo funciona realmente el poder en este país. El certificado de idioma incomoda a ciertos grupos y la libreta militar las deja extrañamente tranquilos. El certificado de lengua originaria exige conocimiento de un idioma nativo para acceder a la función pública. En teoría y solo en teoría, esta es una medida de descolonización. En la práctica, sirve para acrecentar una estructura de corrupción y también inhabilitar postulantes a diferentes cargos, generalmente opositores políticos de los gobiernos de turno. En las últimas elecciones el Tribunal Supremo Electoral (TSE) observó a varios candidatos de seis partidos de oposición por no cumplir este requisito. El partido de gobierno extrañamente no tuvo ningún cuestionamiento. El reciente Decreto Supremo 5688 eliminó el certificado único y ahora es de vigencia indefinida, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo, el requisito es solo un “papelito” que se exige para acreditar un supuesto conocimiento, para nada es una política real de promoción lingüística. Seré enfático al decir que hablar un idioma originario en Bolivia sigue, y por lo visto seguirá, siendo visto como un signo de atraso, no como un avance en lo cultural. Por eso este requisito parece que incomoda a algunos, ya que les obliga a demostrar algo que en el fondo desprecian. Queda entonces demostrada la lógica del desprecio de la que hablé en un anterior artículo sobre racismo estructural. El indígena solo es folklore para campañas, pero cuando hay que exigirle algo a la élite, el requisito se vuelve “innecesario” o “discriminatorio”. Y la verdad no es que el certificado sea malo en esencia. El problema es que no justifica su existencia, ya que se ha convertido en una herramienta de control o una tranca que se debe vencer aunque sea de manera ilegal. La libreta militar, en cambio, no incomoda a esos algunos. Porque para un joven de clase baja, obtener este certificado significa pasar un año en el cuartel, en condiciones que el mismo estado reconoce como precarias. Los soldados de origen indígena y campesino son enviados a los cuarteles más alejados y reciben el trato de “perros sarnosos”, expresado en una sociedad que ve con tibieza y hasta orgullo algo que evidentemente esta mal. En Santa Cruz, decenas de gendarmes municipales fueron despedidos por no tener la dichosa libreta. El vocero de la Alcaldía fue muy claro, “La ley no se negocia, no se transa”. Claro, para quienes pueden pagar, existe el servicio premilitar, que ahora es un negocio de miles de bolivianos erogados por los padres de familia, una versión blanda que no exige el mismo desgaste físico y que está estratégicamente diseñada para jóvenes de clase media o quien pueda darse el gusto de gastar su plata por un papelito. La libreta militar es un requisito que golpea a los que no pueden pagar una salida alternativa. Pero la exclusión aún puede ser peor. Si alguien quisiera acceder a los codiciados rangos superiores de la carrera militar, se requieren montos económicos que solo ciertas clases pudientes pueden pagar. Un joven de clase baja puede gastar un año de su vida haciendo el servicio militar básico, pero jamás podrá ser un militar de alto grado, ¡jamás!… La carrera militar está reservada para quienes pueden pagarla. No es mérito, es plata. Lo peor es que una gran cantidad de militares de alto grado, que recibieron formación a costa del esfuerzo de los que no pueden pagar, terminan sin aportar nada a la sociedad, por lo menos nada visible o evidente. El certificado de idioma y la libreta militar son mecanismos de control o de exclusión, dependiendo quien este a cargo. La diferencia es que el certificado de idioma incomoda a los que mandan porque les exige algo que desprecian. La libreta militar no incomoda a los que mandan porque ellos ya tienen una vía alternativa para obtenerla. La doble moral es supinamente evidente, cuando el requisito afecta a las élites, se busca reformarlo, flexibilizarlo o eliminarlo, pero cuando afecta a los de abajo, se aplica con todo el rigor de la ley. Y sabemos cómo y quienes escriben la ley. El racismo estructural no es solo un problema de actitudes, es un problema de diseño institucional. Nuestro Estado está diseñado para que unitos puedan y otros muchos no. Y que no se me malentienda, no creo que sea una conspiración, estoy seguro que es la estructura.

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El fantasma de octubre

Artículo / Carlos Macusaya

El “fantasma de octubre” es esa posibilidad de que nuevas movilizaciones terminen tumbando al gobierno, como ocurrió en octubre de 2003. Hoy ese fantasma acecha a Rodrigo Paz El “Pollo” tiene más rechazo que durante los más de 50 días de protestas de este año. Que gran parte de ese rechazo se vuelque a las calles es algo cada vez más posible. Podría darse en octubre o incluso en septiembre, pero la situación de gobierno no es la misma que en mayo y junio y el resultado podría ser muy distinto. Los más de 50 días de protestas que tuvimos mostraron la capacidad de movilización de varios sectores, principalmente rurales. El amedrentamiento, mediante detenciones de varios dirigentes, no ha sofocado el mal estar entre quienes en su momento salieron a las calles. Todo lo contrario. En medio de la desastrosa gestión gubernamental, se ha tomado como una razón más para exigir la renuncia de Paz. De yapa, el estallido del caso Cerimedo, principal asesor de Paz, llega como gasolina en un escenario inflamable. Ya muchos de quienes defendían a capa y espada al gobierno durante los bloqueos han cambiado de opinión. La incertidumbre abruma a los sectores populares. La única certeza que se apuntala es que con este gobierno no solo las cosas no mejoran, sino que van a peor. ¿Volveremos a la situación de mayo y junio? ¿Un gobierno inca-Paz frente a sectores movilizados que no pueden articular a otros para inclinar la balanza? A diferencia de otras movilizaciones, como en 2019, los sectores ubicados en las periferias urbanas, salvo algunos casos, no se sumaron a los bloqueos que sostenían pobladores del campo durante más de 50 días, pero no por estar a favor del gobierno. Los sectores populares venían asimilando el golpe económico que significó la eliminación del subsidio a los carburantes y enfrentaban la escasez de productos y alza de precios por las medidas de presión. A la vez, las protestas no les “ofrecían” un horizonte más allá de lo inmediato: la renuncia de Paz. Quedaron políticamente paralizados entre administrar el día a día de “su” pobreza y la incertidumbre. En los más de 50 días de protestas vimos dirigentes desconcertados y erráticos, con perspectivas muy estrechas. No estaban a la altura. En buena medida, son el producto del “proceso de cambio”, del control del MAS sobre organizaciones y del “control” a nivel de base de amplios sectores que apoyaron decididamente a dicho partido en el gobierno. A diferencia de los dirigentes que se formaron en las luchas antes del “proceso de cambio”, quienes hoy encabezan distintas organizaciones no tienen experiencia en confrontar al poder y, por lo mismo, no han desarrollado recursos discusivos ni de acción. Sin embargo, no solo se trata de la dirigencia, pues estos también expresan lo que sucede en sus sectores. Sumado a ello, las jornadas de bloqueos, en los niveles organizacionales más cercanos a las bases en el departamento de La Paz, en muchos casos, fueron la oportunidad para que jóvenes dirigentes empiecen a adquirir cierta visibilidad en lo local, disputando el qué se dice y el cómo se hace… Estos, en muchos casos, lograron conectar con el “desencanto” campesino frente al gobierno del “español Rodrigo Paz”, esgrimiendo la radicalidad indianista frente a los q’aras. Suplían con entusiasmo y aires de autosuficiencia el análisis frío de la situación, de la correlación de fuerzas o de las debilidades de los actores en la disputa. Las protestas están casi a la vuelta de la esquina. Sectores antimasistas que se han distanciado del gobierno tienen interés en acortar el mandato de Paz y podrían aprovechar la situación. Jorge Tuto Quiroga sería su primera ficha. Pero es muy dudoso que este logré ganar terreno entre los sectores populares púes representa lo que estos rechazan. Del otro lado está, les guste o no, está Evo Morales Ayma, quien conserva aún un núcleo de apoyo duro entre sectores rurales. Aunque cabe hacer notar que en 2005, a diferencia de Felipe Quispe, Evo era un articulador: buscaba sumar. Hoy, después de haber sido endiosado, ya no articula; espera que los otros reconozcan, a ciegas, “su grandeza”. De darse nuevas movilizaciones, lo más probable es que no tendremos cosas muy distintas a nivel dirigencial respecto a lo que ya se vio en mayo y junio. Seguramente los jóvenes dirigentes a nivel de comunidades y subcentrales retomarán la iniciativa. Pero entre todos estos niveles dirigenciales, aunque no sea su propósito, pueden terminar favoreciendo a Paz. Los erráticos nacionales y los entusiastas locales podrían dar lugar al aislamiento de las posibles protestas. Sin embargo, el descontento con el gobierno es tal que podríamos tener movilizaciones mucho más masivas, en las que las dirigencias terminen siendo ampliamente rebasadas. Inicia septiembre y el “fantasma de octubre” acecha cada vez más al gobierno…

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Que los pobres no nazcan, la aplaudida e “inteligente” solución para la pobreza

Artículo / Wilson J. Laura

Hace unos días, un diputado (en realidad un “x” con autoridad) propuso algo que me hizo dejar de lado todo lo que hacía en ese momento, en serio me petrificó, y supuse que muchos también se indignarían, vaya que estaba equivocado… El “genio” propuso: esterilizar a las personas en situación de calle para evitar que se reproduzcan. Sí, lo dijo como quien sugiere una medida de salud pública, con un tono condescendiente, que solo usaría quien nunca ha sentido el frío de una noche sin techo. Lo dijo como si la pobreza fuera genética y no el resultado de un sistema que evidentemente es injusto. Lo peor es que, en las redes sociales y en los comentarios de Facebook, la idea fue recibida con aplausos. Gente que se cree con criterio y que incluso se indigna por cualquier cosa, pero que encuentra “bueno” y “lógico” impedir que los pobres se reproduzcan. Decían: “Apoyo la propuesta”, “No solo mujeres, sino hombres también”, “Hay que hacer algo con los vagos”, “Son una carga para el Estado”. Como si la solución para acabar con la pobreza fuera exterminar a los pobres. Y yo me preguntaba ¿en qué momento perdimos la capacidad de indignarnos frente a lo obvio? Porque esto no es nuevo. La historia ya ha visto esto, y no hay un final feliz. En la Bolivia de principios del siglo XX, los médicos y las élites decían que el “atraso” del país se debía a la composición racial de su población, la mayoría de origen indígena. Propagaron el discurso de “mejorar la raza” y la población sufrió medidas atroces. Incluso el gobierno de entonces publicaba libros que promovían esas ideas. Ya en el 52 hablaban de pronatalismo y la eugenesia positiva para “mejorar el capital humano” del país. Estas terribles ideas en que el Estado tiene derecho a decidir quién se reproduce y quién no para nada es nueva en Bolivia. Tiene historia, otra cosa es que no haya buenos lectores. Incluso más allá de Bolivia, para quienes detestan leer nuestra propia historia, podemos recurrir a las teorías eugenésicas que en la Alemania nazi se llevaron a efecto, a la esterilización forzada de miles de personas consideradas “indeseables”, discapacitados, enfermos mentales, pobres. O en Estados Unidos, donde las leyes de esterilización estuvieron vigentes hasta los años setenta, afectando desproporcionadamente a mujeres negras, indígenas y pobres. Esa no fue la idea de un loco con poder, fueron políticas de Estado con el respaldo de detestables “expertos”. La propuesta del diputado boliviano no es algo nuevo, puede ser un calco de lo peor que ha producido la humanidad. O simplemente el producto de la ignorancia en todo su esplendor. Charles Chaplin, en su película Tiempos modernos, fue arrestado por vagancia. Una denuncia de cómo el sistema persigue al pobre por el delito de no tener nada. Lo que Chaplin mostró con mucho humor, es retomado un siglo después por un diputado boliviano que lo propone como una gran idea. Definitivamente hay quienes ven la realidad y quienes solo ven el pastelazo. Pero lo que realmente me entristece, es pensar que haya quienes aplaudan estas ideas. Eso no es falta de criterio, es falta de lectura, falta de memoria, falta de entender que la historia no es lo que está en los memes de sus redes. Es el síntoma de una sociedad que ha dejado de leer, que ha dejado de pensar, que ha dejado de preguntarse por qué hay pobres. La pobreza no se resolverá desapareciendo a los pobres, se resolverá con políticas públicas serias, con educación, con trabajo digno. Pero eso requiere pensar, cuestionar el sistema. El sarcasmo en el título de este escrito, es en realidad mi indignación al comprender que hay gente que no ve más allá de su celular. Que hay quien osadamente defienda con argumentos de “sentido común”, pero que en realidad no es más que su propio desprecio camuflado con “lógica piadosa”. La propuesta probablemente no prospere. Pero el hecho de que una autoridad lo diga en voz alta, sin que la mayoría se escandalice, es un preocupante síntoma. Hace algún tiempo, con unos amigos en un programa dijimos: “estamos viviendo una distopía” y no nos equivocamos. Esta es una distopía confesa, y no es ficción, parece que estamos en una sociedad que ha perdido la brújula moral y que prefiere eliminar el problema antes que resolverlo. Qué vergüenza.

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El retorno de “La Bolivia Señorial” y la rearticulación de los Movimientos Sociales

Artículo / Ivan Apaza Calle

Los últimos acontecimientos en Bolivia, después de las elecciones nacionales, han reflejado varios elementos que necesitan ser estudiados desde la sociología y la ciencia política. Estos son: primero, el retorno de la Bolivia señorial a la administración del nuevo Estado Plurinacional; y segundo, la rearticulación de los movimientos sociales después de la erosión simbólica que sufrió a causa de la división del MAS durante su último gobierno. La importancia de estudiar el escenario socio político del primer semestre del nuevo gobierno, recae en los efectos económicos que ha causado en los sectores sociales, desde las políticas económicas del gobierno y los que han derivado en las acciones colectivas. Bolivia a pesar de tener un carácter conflictivo que obedece a diversos factores desde su clase política, su carácter abigarrado de su sociedad, su formación social, entre otros aspectos que no estudiaremos aquí, aun no aprendió a reconocerse como sociedad. El desconocimiento de las estructuras sociales, económicas y políticas por parte de las clases políticas, muchas veces, ha llevado al país a conflictos recurrentes que afectan a su desarrollo como nación [1]. Bajo esa explicación, es necesario que los que ofician en las ciencias sociales, rastreen las causas y efectos de los últimos acontecimientos en Bolivia, ya que, el conocimiento del origen, la formación, radiografía, características del conflicto y los elementos de su composición, pueden ayudar a ese reconocimiento que hace falta, consiguientemente, generar posibles soluciones. Los fenómenos sociales no se explican por sí mismos, es verdad que, se presentan ante uno, incluso, se es parte de ello, pero por diversas razones son caóticas en un primer momento, hasta que dato tras dato, hecho tras hecho, se construye un esquema de ideas que nos acerca a la comprensión de la realidad. El objetivo de este ensayo es explicar el retorno de la Bolivia señorial [2] y la rearticulación de los movimientos sociales, a partir del estudio de los hechos políticos y sociales significativos. Para esta tarea, se describe los antecedentes políticos para el ascenso de la derecha al gobierno y las políticas económicas que se aplicaron en los primeros meses de gobierno, asimismo, el eje de articulación, los tipos de acción colectiva de los movimientos sociales y por último la “situación histórico política” de las fuerzas sociales y políticas. El retorno de la Bolivia señorial El grupo intelectual Comuna de concepción marxista publicó un libro colectivo bajo el título “El retorno de la Bolivia plebeya” [3], en el cual referían la trayectoria de los movimientos sociales, que después de la derrota de los mineros y la victoria del Decreto Supremo 21060, que reconfiguraba el orden neoliberal en Bolivia, retornaban con nuevas formas de democratización. La carga política de estos movimientos sociales, incluso, tenían un carácter histórico, como el discurso de Felipe Quispe Huanca, el Mallku, ejecutivo de la CSUTCB, que hablaba de las “Dos Bolivias”[4] y proponía la autodeterminación de las naciones autóctonas: “Aspiramos a ser oficialmente lo que somos: la Gran nación Aymara, Quechua y Guaraní” [5]. La reemergencia de estas identidades colectivas, para el año 2000, reflejaba la crisis del Estado y el agotamiento ideológico de las elites políticas que habían heredado el poder de generación en generación, ese mismo vaciamiento discursivo no respondía ya a las demandas históricas de la sociedad [6]. Las movilizaciones desembocaron—luego de consecuentes movilizaciones durante los gobiernos de Banzer, Quiroga, Sánchez de Losada y Mesa —en la constitución de un nuevo modelo de Estado, cuya esencia fue la plurinacionalidad de Bolivia que no fue reconocida desde su nacimiento. El ascenso del Movimiento Al Socialismo MAS al poder cambió el carácter del Estado boliviano, así las empresas del Estado que fueron privatizados con la famosa capitalización ahora eran el eje central de la producción y por consiguiente de la economía nacional. Asimismo, el carácter excluyente del modelo republicano hacia el “indígena”, se había modificado en su inclusión de manera legal en la Constitución Política del Estado [7], lo que derivaba en un Estado integral [8]. Estos dos ejes: la fortaleza de las empresas públicas como productor de la riqueza nacional y la integralidad del Estado, que hacía participe a los movimientos sociales como la COB y la CSUTCB fueron las bases de la estabilidad económica y social. A estas transformaciones García Linera llamó las “democratizaciones plebeyas” [9]. A lo largo de 14 años de gobierno bajo la presidencia de Evo Morales, el MAS tuvo dominancia hegemónica en el campo político, sin embargo, también ingresó en una crisis ideológica que no pudo sostener y que la derecha supo aprovechar el momento, consiguientemente, recolectar los errores del MAS y razones para construir un eje ideológico anti masista, que se concretizó en una serie de conflictos y en la renuncia de Morales el 2019. Después de la victoria del MAS en las elecciones de noviembre de 2020, su debacle se consolidaría el 2022 cuando en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la bancada azul se fracturaría en asambleístas que apoyaban a Arce y a Morales. Las disputas internas de liderazgo en el gobierno de Luis Arce, dividió al “partido político” en tres grupos: el primero a la cabeza de Evo Morales, el segundo de Andronico Rodríguez y el tercero bajo la dirección de Arce. Esto aparentemente no afectaba a los movimientos sociales, sin embargo, fracturó a las organizaciones sociales que luego quedó en su desarticulación. Esta situación, fue momento crucial para la derecha boliviana para fortalecer su discurso contra los principales líderes de izquierda y por supuesto contra los dirigentes de las organizaciones sindicales erosionando el estatus simbólico que se había ganado en las movilizaciones contra los gobiernos de la derecha señorial en las jornadas de 2000-2004. Así las nuevas elecciones estuvieron marcadas bajo esta división del bloque popular en tres frentes, dos de ellos participaron en la contienda electoral: Andronico Rodríguez por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y Eduardo del Castillo por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Y la facción de Evo Morales no participó, por la misma pugna entre Arce y el líder cocalero. La rearticulación de la derecha en diferentes frentes, desde radicales como “Unidad” con Samuel Doria Medina, “Alianza

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Estudio revela que el origen social y el género empujan a mujeres hacia los “agachaditos”

Artículo / Luis C

Una investigación del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) concluye que la decisión de miles de mujeres de dedicarse a la venta de comida en las calles no responde únicamente a una elección personal o a la falta de empleo formal, sino a un conjunto de condicionamientos relacionados con el origen social, la desigualdad de género y las trayectorias laborales que han marcado sus vidas. El estudio, titulado La ruta del agachado: trabajo, género y alimentación en la calle, sostiene que la denominada “ruta del agachado” es el resultado de factores estructurales que distribuyen las oportunidades laborales de manera desigual entre hombres y mujeres. Según la investigación, la economía informal se convierte en una de las alternativas más accesibles para quienes no logran insertarse en el mercado laboral formal. El autor, Mircko Vera Zegarra, explica que la investigación buscó establecer “un puente que comunique los aspectos estructurales de género e inserción laboral con la decisión individual de optar por la ‘ruta del agachado’ como un camino hacia la obtención de ingresos y bienestar”. La investigación identifica que prácticamente todos los puestos de venta de comida callejera son atendidos por mujeres, una situación que refleja la persistencia de la división sexual del trabajo y la prolongación de las tareas domésticas hacia el espacio público. Asimismo, señala que las responsabilidades del cuidado y del hogar continúan recayendo principalmente sobre ellas, condicionando sus posibilidades de acceder a otros empleos. A partir de las trayectorias de vida de las comideras, el estudio evidencia que muchas provienen de hogares con escasas oportunidades educativas y laborales, y que suelen transitar por ocupaciones igualmente precarias antes de establecerse en la venta de comida. En varios casos, el fallecimiento o abandono de la pareja, así como la influencia de familiares dedicados al rubro, terminan orientando su ingreso a esta actividad. Pese a ello, la investigación también muestra que la venta de comida representa para muchas mujeres una fuente de estabilidad económica y la posibilidad de sostener a sus familias, aunque sus proyectos de vida continúan desarrollándose dentro de un contexto marcado por las desigualdades de género y las limitadas oportunidades de movilidad social.

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Hegemonía, el poder en la mente

Artículo / Javier Saravia

¿Por qué el pobre que no tiene para comprarse una casa o ir a un médico, defiende al rico que lo explota? ¿Por qué el pobre que no puede acceder a la justicia y solo puede ser víctima de ella, termina defendiendo las leyes? ¿Por qué aceptamos como ovejas cualquier gobierno salido de las elecciones, aunque sea un mal gobierno? ¿Por qué consideramos que estar atados a un trabajo que paga una miseria y que apenas nos permite la sobrevivencia es lo mejor que nos pudo pasar en la vida? ¿Por qué pensamos que hacer que otra persona trabaje para mí, es decir que se sacrifique para darme dinero a mí que no trabajo, es normal? ¿Por qué consideramos que ser solidario y generoso con los demás es una ingenuidad y una debilidad? La respuesta a estas preguntas está en un concepto político que los analistas utilizan mal y que en este texto te vamos a explicar: la hegemonía. Antonio Gramsci La hegemonía es un concepto que usaba Gramsci (1891-1937) para llamar al dominio que tenía el sistema capitalista en Italia y en otros países europeos de su tiempo. La idea es que el capitalismo no solo domina por medio de la coerción, es decir no solo domina a través de la policía o el ejército. Es sabido que en el capitalismo la policía y el ejército se ocupan de desarmar y aplastar a los sindicatos y otras organizaciones que quieren rebelarse contra la explotación en sus fuentes de trabajo. Esa fuerza rebelde que amenaza con tomar las fábricas es enfrentada por los policías o por el ejército. El punto, entonces, para los trabajadores es cómo derrotar a esos organismos de coerción del Estado; hay que hacer huelgas, marchas, hay que sumar a más sectores a la lucha, hay que convencer a secciones de la policía o el ejército para que cambien de bando, etc… Pero Gramsci vio que en realidad la lucha de los trabajadores estaba dejando de lado un factor igual de importante y, según se vea, tal vez más importante que la coerción. Se dio cuenta de que el dominio de la burguesía no se asentaba solo en la policía o el ejército, se dio cuenta de que el dominio estaba en la mente de los trabajadores y del pueblo en general. Este dominio de la mentalidad se hace por consenso. Gramsci describe cómo se logra ese consenso y cómo actúa de la mano de la coerción; a este sistema de coerción y consenso lo denominó hegemonía. Gramsci plantea que, en el sistema capitalista, la población nace y crece en un ambiente estructurado en base a lineamientos morales y éticos que conforman la base de la mentalidad popular sobre la que se asienta el sistema capitalista. Las bases de nuestra vida en el capitalismo La democracia: estamos de acuerdo en que el mejor sistema de gobierno es la democracia, por no decir que en realidad creemos que es el único posible. La negación de la democracia se denomina dictadura, la cual es aborrecida por todos como sinónimo de tiranía, corrupción y violencia. Estamos convencidos de ello y no solo por lo que nos dicen el presidente, los analistas, los periodistas y cuanto otro ser se ponga en una pantalla de televisión o ante un micrófono de radio, sino porque está dicho en la Constitución y afirmamos rotundamente que ni la Ley de leyes ni ninguna otra ley puede ser contradicha. Nuestra única actividad política se reduce a votar en las elecciones. Si pensamos que nos equivocamos y hemos elegido a un mal presidente, tenemos que aguantarnos y esperar 5 años para votar por otro candidato. Como resultado de esta visión del poder político, creemos que la solución a los problemas del país está en elegir un buen presidente. En nuestro marco mental no hay otras opciones, el gobierno debe regularse por medio de una Constitución, de un presidente, de una asamblea, de unos alcaldes y gobernadores. Es como la idea del rey en tiempos de la colonia, aquella gente tampoco creía (y se equivocaba) que podría haber una forma de gobierno diferente, solo podía mandar un rey español. En lo laboral creemos que la salvación de nuestras vidas, es decir la seguridad de un ingreso económico suficiente para nuestras necesidades viene de adquirir un buen trabajo, ya sea en del Estado o de la empresa privada. No nos cuestionamos si el sueldo que recibiremos es mucho menor que lo que realmente deberíamos recibir tomando en cuenta nuestra capacidad productiva, solo nos fijamos si es suficiente para comprar comida para nuestra familia, vestirla, mandarla al colegio y guardar un poco para pagar el préstamo del banco para comprar nuestra casa. Contamos también con una esperanza secreta, que si somos lo suficientemente inteligentes, si tenemos suerte y logramos un capital, podemos comenzar nuestro propio negocio y llegar a generar el dinero que necesitamos para tener el futuro asegurado y quién sabe si más que eso. Los más pobres solo queremos que la economía del país se estabilice para que la gente pueda comprar nuestros productos agrícolas o las mercancías de poco valor que traemos de contrabando. Aquel que logre un poco de capital, cree que está bien contratar a otros seres humanos a los que no les hará un contrato formal, les pagará poco, los hará trabajar más de 8 horas, en fines de semana y feriados; estos pobres semi-esclavos a menudo son de su propia familia. Pero eso sí, se considerará un gran benefactor porque da trabajo a los que lo necesitan. Porque si quieres hacer dinero de verdad y no solo sobrevivir, te debes de aprovechar de la fuerza de trabajo de los demás. ¿Por qué el pobre que no tiene para comprarse una casa o ir a un médico, defiende al rico que lo explota? Porque espera algún día ser como él. Estos son nuestros valores y principios en la sociedad capitalista, cualquier idea que contravenga estas bases es descartada sin siquiera tomarse en consideración,

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La fábrica del estigma: medios, racismo y deshumanización en tiempos de conflicto social

Artículo / Luis C

Los medios de comunicación en Bolivia han tenido un papel central en la construcción de imaginarios sociales durante los periodos de conflicto, según las reflexiones planteadas en un conversatorio organizado por el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI). Los panelistas cuestionaron la idea de una prensa completamente imparcial y señalaron que la cobertura informativa también está atravesada por disputas de poder, intereses políticos y visiones sociales dominantes. La periodista Zulema Paniagua afirmó que, en momentos de alta conflictividad como la Asamblea Constituyente o las crisis sociales recientes, algunos medios no solo narraron los acontecimientos, sino que contribuyeron a instalar interpretaciones que favorecieron determinadas posiciones de poder. Durante el encuentro, se alertó sobre la construcción mediática del “otro” como amenaza. Emma Bolshia Bravo señaló que ciertos discursos han recurrido a la animalización de sectores indígenas y campesinos movilizados mediante expresiones que los presentan como masas irracionales, reduciendo su capacidad de pensamiento y legitimando formas de violencia. El investigador Juan Pablo Vargas explicó que la llamada “manufactura del consenso” opera mediante la repetición de narrativas que normalizan prejuicios raciales y excluyen otras voces del debate público. Los panelistas también cuestionaron la diferencia con la que se aborda la violencia: mientras algunas acciones de protesta reciben amplia condena mediática, la violencia estructural y el racismo cotidiano suelen permanecer invisibilizados. Frente a este escenario, llamaron a fortalecer una comunicación responsable que permita recuperar la humanidad del otro y combatir la reproducción de discursos de odio, especialmente en redes sociales.

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Estudio revela que pobreza y pertenencia indígena aumentan vulnerabilidad ante violencia digital

Artículo / Luis C

La pobreza y la pertenencia a pueblos indígenas incrementan significativamente la vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes frente a la violencia sexual digital en Bolivia, según la investigación “Cuerpos, pantallas y algoritmos” elaborada por ChildFund Bolivia y la Colectiva Ciberwarmis. El estudio advierte que estos factores pueden elevar el riesgo de victimización hasta nueve veces. La investigación concluye que la violencia sexual digital no afecta por igual a toda la población. Las mujeres concentran cerca de dos tercios de los casos de difusión no consentida de imágenes íntimas y, además, las condiciones de pobreza y la pertenencia indígena profundizan la exposición a este tipo de agresiones. El informe sostiene que esta problemática responde a desigualdades estructurales de género y poder que se reproducen y amplifican en los entornos digitales, más allá del acceso a la tecnología o del uso de las plataformas. Entre los hallazgos, el estudio identifica que el 41,8% de adolescentes recibió contenido sexual no solicitado, el 34,1% sufrió acoso sexual en línea, el 16% experimentó sextorsión y alrededor del 10% fue víctima de manipulación de imágenes sexuales mediante inteligencia artificial, como los deepfakes. La investigación también evidencia una crisis de confianza institucional. El 51,5% de los participantes afirmó no saber a qué institución acudir o cómo actuar frente a un caso de violencia digital, mientras que muchas y muchos jóvenes recurren a la inteligencia artificial y las redes sociales para buscar información y acompañamiento emocional ante la ausencia de espacios seguros. Frente a este escenario, el estudio recomienda fortalecer las políticas públicas con medidas de prevención, atención especializada y reparación del daño, además de promover una educación sexual integral con enfoque de ciudadanía digital, capacitar a operadores de justicia y exigir a las plataformas mecanismos más ágiles para retirar contenido íntimo difundido sin consentimiento.

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