Wilson J. Laura

La justicia funciona solo cuando conviene

Doce bolivianos fueron sancionados por presunta corrupción vinculada al narcotráfico. Definitivamente la acusación es gravísima. El fiscal general Mariaca, que también fue acusado, habría “solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”… Siendo sincero tengo muchas dudas. Ojo, no de la corrupción de Mariaca, de eso no tengo dudas, sino del timing. Porque las casualidades en política son raras, aunque sí existen, pero cuando son tantas y tan convenientes, uno empieza a sospechar que no son casualidades, sino cálculos fríamente pensados. Dudo mucho que Mariaca sea un santo. Fue un fiscal descaradamente funcional al gobierno durante mucho tiempo. Guardó sepulcral silencio cuando debía hablar, miró a un costado cuando le convenía, y durante su gestión sucedieron cosas muy oscuras; las narcomaletas, las cajas fuertes de Marcet, el contrabando de oro, entre otras cositas. Nadie de afuera dijo nada entonces. Porque Mariaca era un instrumento útil. Ahora que el hombre decide actuar en el caso Cerimedo (alguien incómodamente cercano al gobierno) aparece una sanción. ¿Qué casualidad, no? Justo cuando el presidente Paz regresaba de su viaje a Estados Unidos, qué casualidad. Y en mi opinión aquí está el problema de fondo. La justicia boliviana, durante décadas, fue una escribanía del poder de turno. Los jueces fallan según la orden del día, los fiscales persiguen a los enemigos del gobierno, los mismos fiscales protegen a los amigos del gobierno, los vocales apoyan al mejor postor. La justicia funcional sostiene el circunstancial poder. Pero hoy, un fiscal osa investigar a alguien cercano al gobierno y de inmediato aparece una sanción desde afuera. ¿Acaso la justicia solo vale cuando favorece a los gobiernos de turno? Todos los gobiernos dicen livianamente que respetan la independencia de poderes, que respetan la Constitución Política del Estado, que respetan las reglas del juego. Pero… Hay algo que no cuadra. Y la población se da cuenta y no tiene otra más que mover la cabeza de lado a lado con reprobación, es indignante. Pero mientras estamos sorprendidos, el gobierno hace lo que mejor sabe hacer, echar la culpa a otros. La corrupción es de Mariaca, la crisis es de Evo, la gasolina basura es de los cisterneros, los bloqueos son de los narcoterroristas. Nunca es culpa de ellos. Nunca cometen errores en su gestión. Nunca tienen vínculos cuestionables. No me importa si Mariaca es culpable o inocente. Lo más probable es que sea culpable, como muchos que han pasado por ese cargo. Pero el problema no es ese. El problema es el sistema que funciona así, manteniendo gente mientras sirva. El problema es una justicia que nunca fue independiente, ni antes ni ahora. Y el gran problema es la decisión del gobierno que usa a un país extranjero para resolver sus problemas internos. Que quede claro, no defiendo a Mariaca. No defiendo a nadie. Solo digo que el mensaje es clarísimo “no hay que salirse del libreto”. Eso no es justicia, lo peor es que aún no sé qué será.

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La doble moral de los papelitos

En Bolivia hay dos documentos, entre otros, que determinan quién puede acceder al poder y quién, convenientemente, no. El certificado de lengua originaria y la libreta de servicio militar. Ambos son requisitos constitucionales para ejercer cargos públicos. Y también ambos pueden ser usados como filtro para inhabilitar candidatos en las cada vez menos creíbles elecciones. Pero hay una diferencia fundamental entre estos dos papelitos que revelan cómo funciona realmente el poder en este país. El certificado de idioma incomoda a ciertos grupos y la libreta militar las deja extrañamente tranquilos. El certificado de lengua originaria exige conocimiento de un idioma nativo para acceder a la función pública. En teoría y solo en teoría, esta es una medida de descolonización. En la práctica, sirve para acrecentar una estructura de corrupción y también inhabilitar postulantes a diferentes cargos, generalmente opositores políticos de los gobiernos de turno. En las últimas elecciones el Tribunal Supremo Electoral (TSE) observó a varios candidatos de seis partidos de oposición por no cumplir este requisito. El partido de gobierno extrañamente no tuvo ningún cuestionamiento. El reciente Decreto Supremo 5688 eliminó el certificado único y ahora es de vigencia indefinida, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo, el requisito es solo un “papelito” que se exige para acreditar un supuesto conocimiento, para nada es una política real de promoción lingüística. Seré enfático al decir que hablar un idioma originario en Bolivia sigue, y por lo visto seguirá, siendo visto como un signo de atraso, no como un avance en lo cultural. Por eso este requisito parece que incomoda a algunos, ya que les obliga a demostrar algo que en el fondo desprecian. Queda entonces demostrada la lógica del desprecio de la que hablé en un anterior artículo sobre racismo estructural. El indígena solo es folklore para campañas, pero cuando hay que exigirle algo a la élite, el requisito se vuelve “innecesario” o “discriminatorio”. Y la verdad no es que el certificado sea malo en esencia. El problema es que no justifica su existencia, ya que se ha convertido en una herramienta de control o una tranca que se debe vencer aunque sea de manera ilegal. La libreta militar, en cambio, no incomoda a esos algunos. Porque para un joven de clase baja, obtener este certificado significa pasar un año en el cuartel, en condiciones que el mismo estado reconoce como precarias. Los soldados de origen indígena y campesino son enviados a los cuarteles más alejados y reciben el trato de “perros sarnosos”, expresado en una sociedad que ve con tibieza y hasta orgullo algo que evidentemente esta mal. En Santa Cruz, decenas de gendarmes municipales fueron despedidos por no tener la dichosa libreta. El vocero de la Alcaldía fue muy claro, “La ley no se negocia, no se transa”. Claro, para quienes pueden pagar, existe el servicio premilitar, que ahora es un negocio de miles de bolivianos erogados por los padres de familia, una versión blanda que no exige el mismo desgaste físico y que está estratégicamente diseñada para jóvenes de clase media o quien pueda darse el gusto de gastar su plata por un papelito. La libreta militar es un requisito que golpea a los que no pueden pagar una salida alternativa. Pero la exclusión aún puede ser peor. Si alguien quisiera acceder a los codiciados rangos superiores de la carrera militar, se requieren montos económicos que solo ciertas clases pudientes pueden pagar. Un joven de clase baja puede gastar un año de su vida haciendo el servicio militar básico, pero jamás podrá ser un militar de alto grado, ¡jamás!… La carrera militar está reservada para quienes pueden pagarla. No es mérito, es plata. Lo peor es que una gran cantidad de militares de alto grado,  que recibieron formación a costa del esfuerzo de los que no pueden pagar, terminan sin aportar nada a la sociedad, por lo menos nada visible o evidente. El certificado de idioma y la libreta militar son mecanismos de control o de exclusión, dependiendo quien este a cargo. La diferencia es que el certificado de idioma incomoda a los que mandan porque les exige algo que desprecian. La libreta militar no incomoda a los que mandan porque ellos ya tienen una vía alternativa para obtenerla. La doble moral es supinamente evidente, cuando el requisito afecta a las élites, se busca reformarlo, flexibilizarlo o eliminarlo, pero cuando afecta a los de abajo, se aplica con todo el rigor de la ley. Y sabemos cómo y quienes escriben la ley. El racismo estructural no es solo un problema de actitudes, es un problema de diseño institucional. Nuestro Estado está diseñado para que unitos puedan y otros muchos no. Y que no se me malentienda, no creo que sea una conspiración, estoy seguro que es la estructura.

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Que los pobres no nazcan, la aplaudida e “inteligente” solución para la pobreza

Hace unos días, un diputado (en realidad un “x” con autoridad) propuso algo que me hizo dejar de lado todo lo que hacía en ese momento, en serio me petrificó, y supuse que muchos también se indignarían, vaya que estaba equivocado… El “genio” propuso: esterilizar a las personas en situación de calle para evitar que se reproduzcan. Sí, lo dijo como quien sugiere una medida de salud pública, con un tono condescendiente, que solo usaría quien nunca ha sentido el frío de una noche sin techo. Lo dijo como si la pobreza fuera genética y no el resultado de un sistema que evidentemente es injusto. Lo peor es que, en las redes sociales y en los comentarios de Facebook, la idea fue recibida con aplausos. Gente que se cree con criterio y que incluso se indigna por cualquier cosa, pero que encuentra “bueno” y “lógico” impedir que los pobres se reproduzcan. Decían: “Apoyo la propuesta”, “No solo mujeres, sino hombres también”, “Hay que hacer algo con los vagos”, “Son una carga para el Estado”. Como si la solución para acabar con la pobreza fuera exterminar a los pobres. Y yo me preguntaba ¿en qué momento perdimos la capacidad de indignarnos frente a lo obvio? Porque esto no es nuevo. La historia ya ha visto esto, y no hay un final feliz. En la Bolivia de principios del siglo XX, los médicos y las élites decían que el “atraso” del país se debía a la composición racial de su población, la mayoría de origen indígena. Propagaron el discurso de “mejorar la raza” y la población sufrió medidas atroces. Incluso el gobierno de entonces publicaba libros que promovían esas ideas. Ya en el 52 hablaban de pronatalismo y la eugenesia positiva para “mejorar el capital humano” del país. Estas terribles ideas en que el Estado tiene derecho a decidir quién se reproduce y quién no para nada es nueva en Bolivia. Tiene historia, otra cosa es que no haya buenos lectores. Incluso más allá de Bolivia, para quienes detestan leer nuestra propia historia, podemos recurrir a las teorías eugenésicas que en la Alemania nazi se llevaron a efecto, a la esterilización forzada de miles de personas consideradas “indeseables”, discapacitados, enfermos mentales, pobres. O en Estados Unidos, donde las leyes de esterilización estuvieron vigentes hasta los años setenta, afectando desproporcionadamente a mujeres negras, indígenas y pobres. Esa no fue la idea de un loco con poder, fueron políticas de Estado con el respaldo de detestables “expertos”. La propuesta del diputado boliviano no es algo nuevo, puede ser un calco de lo peor que ha producido la humanidad. O simplemente el producto de la ignorancia en todo su esplendor. Charles Chaplin, en su película Tiempos modernos, fue arrestado por vagancia. Una denuncia de cómo el sistema persigue al pobre por el delito de no tener nada. Lo que Chaplin mostró con mucho humor, es retomado un siglo después por un diputado boliviano que lo propone como una gran idea. Definitivamente hay quienes ven la realidad y quienes solo ven el pastelazo. Pero lo que realmente me entristece, es pensar que haya quienes aplaudan estas ideas. Eso no es falta de criterio, es falta de lectura, falta de memoria, falta de entender que la historia no es lo que está en los memes de sus redes. Es el síntoma de una sociedad que ha dejado de leer, que ha dejado de pensar, que ha dejado de preguntarse por qué hay pobres. La pobreza no se resolverá desapareciendo a los pobres, se resolverá con políticas públicas serias, con educación, con trabajo digno. Pero eso requiere pensar, cuestionar el sistema. El sarcasmo en el título de este escrito, es en realidad mi indignación al comprender que hay gente que no ve más allá de su celular. Que hay quien osadamente defienda con argumentos de “sentido común”, pero que en realidad no es más que su propio desprecio camuflado con “lógica piadosa”. La propuesta probablemente no prospere. Pero el hecho de que una autoridad lo diga en voz alta, sin que la mayoría se escandalice, es un preocupante síntoma. Hace algún tiempo, con unos amigos en un programa dijimos: “estamos viviendo una distopía” y no nos equivocamos. Esta es una distopía confesa, y no es ficción, parece que estamos en una sociedad que ha perdido la brújula moral y que prefiere eliminar el problema antes que resolverlo. Qué vergüenza.

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Plata para nadie

Es preocupante que la AJAM admita abiertamente que perdió el control del territorio, aunque  a estas alturas no debería sorprender a nadie. Ante tamaña confesión uno esperaría que suceda algo. Tal vez que aparezca plata, que se designe gente, que se presente un plan, no se algo. Pero no, al parecer eso no es urgente…

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El racismo es la tradición más vieja del poder

Entendámonos de una vez, el racismo en Bolivia no son solo insultos, no son comentarios opas en redes sociales, tampoco son políticos o pseudoperiodistas que a veces con sus comentarios se pasan de vivos. No, el racismo hoy es casi una regla, es parte de esta horrible estructura que nos  quiere obligar  a aceptar las cosas como son, donde hartos obedecen y pocos mandan Esta realidad racista ni siquiera se cuestiona, se la válida, parece que todos la aceptan porque no les queda de otra. Cada cierto tiempo nos convocan a elegir quiénes representarán, cuidarán y en muchos casos profundizarán este racismo, lo peor es que lo disfrazan de política y dicen que todo es por nuestro bien cuando parece ser todo lo contrario. Los políticos, con algunas pocas excepciones, llevan décadas mirando a la gente hacia abajo, con mucho desprecio y pena, como si fuéramos un caso de caridad. Las expresiones o acciones racistas o clasistas no son errores, no lo fueron antes y no los son ahora. Siempre fueron políticas de Estado, asentando narrativas extrañas para justificar sus terribles decisiones, como que los indígenas eran el “problema”, como que los campesinos son “ignorantes”, como que cualquier demanda hecha por cualquier sector es una “minoría resentida”. Esto no es solo de este gobierno es de muchos otros gobiernos pasados. Algún listillo dirá, “eso era antes, siempre miras al pasado”. Lo que no entienden es que lo que estamos viviendo es la continuidad de lo que siempre se hizo. Porque hoy personajes mediáticos salen a decir que los movilizados son “obligados”, que no saben pensar y por lo tanto no tienen voluntad propia, porque todos son juguetitos manejados desde el Chapare (como si el Chapare aún tuviera la fuerza para hacerlo). Esa es la lógica del desprecio en todo su esplendor. Por sus mentes no se concibe la idea de que un poncho rojo pueda tener criterio, porque si lo tuviera, tendrían que reconocer que su reclamo es legítimo. Y eso es peligroso para algunos que viven de esto. Pero si alguien dudaba de que el racismo estructural esté más vivo que nunca, que mire lo que está pasando en las calles de La Paz. Por ahí alguien mencionó un grafiti que dice “Haga patria, mate un indio”. Ese no es un comentario cualquiera, eso está hecho con total conciencia, eso dice mucho y prácticamente es una declaración de sus intenciones más oscuras. Lo preocupante es que no es aislado, en redes sociales, mucha gente escribe “los campesinos vienen a joder mi ciudad”, “Indios de m….”, “bala”, “salgamos a golpearlos”. Lo peor de todo esto, es que revisando detenidamente quienes escriben los mensajes más violentos, son cuentas digitales que en otras publicaciones comentan a favor de Doria Medina, Tuto Quiroga y otras figuras políticas que podríamos identificar como de derecha de clase alta. Entonces, esto invita a pensar ¿Por qué y para qué hacen esto? ¿Quién gana con esto? ¿Son bots? ¿Si fueran bots quién los paga? Definitivamente hay mucho que analizar en este punto. Pero esta situación también es geográfica y económica. Sin generalizar, en El Alto y en las laderas viven indígenas y descendientes de indígenas que son justamente quienes mantienen los bloqueos. Más abajo, por la zona sur, están las élites, generalmente de piel blanca que piden “mano dura”. Esa verticalidad es interesante para explicar esta estructura racista, porque los de arriba son los de abajo, y los de abajo son los que mandan, pero son los siguen mirando desde arriba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo dijo: las protestas se desarrollan en un contexto de “racismo estructural y sistémico”. No es mi percepción, es un diagnóstico de un organismo internacional, creo que mínimamente deberían tomarlo en cuenta y analizarlo. Ahora otro listillo dirá, “también existe racismo inverso”, y eso también hay que decirlo. Cuando los manifestantes ven alguien con tez más clara, le gritan “¡fuera q’aras!”. Pero aquí cuidado con caer en un falso equilibrio, una cosa es el grito de quien ha sido oprimido siglos y otro es el grafiti que invita a desaparecer un indio. No son lo mismo, aunque a algunos supuestos intelectuales de redes sociales les guste ponerlo al mismo nivel, supongo que para lavarse la conciencia. Indistintamente del lado en el que se encuentre, la realidad es que siete personas han sido víctimas fatales de todo este conflicto. Y mientras tanto, el gobierno genera una nueva etiqueta: “narcoterroristas”, no dice nada sobre los grupos de choque que descaradamente sacan armas caseras y no caseras en las mismas narices de la policía. ¿Por qué hace esto? ¿Tal vez  porque necesita estigmatizar y agrupar a varios sectores que lo cuestionan? Seamos claros, no son simplemente personas racistas, son personas que entienden que las diferencias sociales son también diferencias raciales, y eso no se arregla con folletitos de sensibilización, hay mucho por hacer, y quien debe hacerlo parece que está mirando hacia otro lado. La estructura debe ser cuestionada, mientras todo siga igual el racismo seguirá siendo la base del poder.

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Aflora la costumbre del desprecio cada vez que los políticos nos miran desde arriba

Iniciemos con una frase que los políticos bolivianos repiten hasta el cansancio, “Bolivia es un país pluricultural”. Generalmente la dicen en campaña o la terminan vociferando en sus discursos de posesión. Pero basta un momento de sinceridad para que caiga su pesada careta y aparezca lo que en realidad piensan, el racismo estructural, el clasismo de cuna, ese pensamiento profundo que les hace creer que unos nacen para mandar y otros para obedecer. Definitivamente no es un problema de este ni del anterior gobierno. Es una vieja costumbre, heredada, que se transmite de generación en generación política como quien hereda una propiedad. Lo terrible y hasta preocupante es que los ejemplos sobran. Podríamos remontarnos a los gobiernos de la “democracia pactada” y encontrar joyitas imposibles de olvidar. Víctor Paz, que para algunos es recordado por sus reformas, también irradiaba pensamientos paternalistas y civilizatorios hacia los indígenas. Jaime Paz hablaba de “incorporar” a las mayorías nacionales a la modernidad, como si antes de él fueran invisibles. Siles Zuazo jamás ocultó su incomodidad con los aymaras que empezaban a tomar fuerza en las décadas del 70 y 80.[LG661]  Y Hugo Banzer, que creía que los indígenas no tenían por qué estar en las calles céntricas. Pero no hace falta ir tan atrás en la historia. Una muestra más actual es la de “Chichi” Siles. Diputado durante varias gestiones bajo la sigla del MNR, fue parte del séquito de Sánchez de Lozada. Formó parte del núcleo político que diseñó las políticas de capitalización que entregaron muchos de nuestros recursos. Y cuando el país ardía, Siles era parte de ese gobierno. Sus expresiones racistas en esos años no eran errores involuntarios, era política de Estado, ya que consideraban que los indígenas eran el gran “problema”, los movimientos sociales para ellos no eran más que “montoneros”, y las demandas populares eran “extorsión”. Hoy, ese mismo personaje sigue vigente y hasta se presenta como una opción política. Entonces sus palabras no deberían extrañarnos, solo da continuidad a lo que siempre pensaron él y otros como él. Por otro lado, también tenemos autoridades que hacen declaraciones que parecen salidas de una Bolivia donde la gente no sufre, no se organiza, no protesta. La controvertida diputada Claudia Bilbao sale a decir que los que se movilizan son personas “obligadas” con amenazas de ser expulsadas de sus comunidades, acusó a supuestos financiadores y describe a estas protestas como “shows” de “gente obligada”. Es decir, para Bilbao los que deciden movilizarse no lo hacen por convicción, lo hacen porque los obligan. No tienen voluntad propia, no tienen criterio, son masas no pensantes. Eso no es análisis político desde ningún punto de vista, eso es clasismo y odio en estado puro. En cada conferencia o intervención que hace, subyace la misma lógica: los que protestan son manipulados, los dirigentes son corruptos, los problemas son culpa de otros. Nunca una mirada estructural, nunca un atisbo de entender por qué la gente se moviliza. El pasado accidente del avión Hércules fue en El Alto, en ese sentido, una revelación. Los billetes en el piso, la gente recogiéndolos, la posterior anulación de la serie B y, sobre todo, la ola de comentarios racistas y clasistas contra los alteños. “No es la primera vez que ocurre algo así”, dijo una ex autoridad nacional, repudiando los comentarios discriminatorios. Las muestras de un odio profundo hacia los alteños y las pocas declaraciones de algunas autoridades electas dejan claro que comparten ese oscuro sentimiento. Pero el problema no es solo el racismo abierto, ese que escandaliza porque es burdo. El problema es el racismo estructural, el que está incorporado en las prácticas políticas, en la selección de candidatos, en la distribución de recursos, en la cobertura mediática. Ese racismo que hace que una candidata de pollera o un candidato de poncho tengan que demostrar el doble que un candidato de corbata. Ese racismo que hace que una diputada alteña hable de sus propios vecinos como si fueran ovejas sin criterio. La clase política boliviana, con honrosas pero pocas excepciones, sigue siendo la misma de siempre. Con otros actores, algunos nuevos y otros reciclados. Con discursos renovados, aunque se los copien de donde puedan. Pero la forma de mirar hacia abajo, hacia los que siempre estuvieron ahí, sigue igual. “Chichi” Siles vuelve a la carga. La diputada Bilbao irradia soberbia. Y mientras tanto, en El Alto, en las provincias y en las comunidades, la gente espera que algún día los políticos aprendan a mirar de igual a igual. No como problema a resolver, no como voto cautivo, tampoco como burla. Sino como ciudadanos, como personas. Ese racismo estructural siempre afecta a un pueblo que carga este país sobre sus hombros, mientras “los de arriba” se la pasan discutiendo quién merece más o menos desprecio.    

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