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Entre 2016 y 2024, 58 personas fallecieron en recintos policiales, mientras que en las cárceles se registraron más de 500 muertes entre 2019 y 2024. Detrás de estas cifras aparecen versiones de suicidio, violencia, fallas forenses y procesos que no siempre logran establecer responsabilidades. Por Luis Fernando Cantoral Martín Poma Quispe, un chofer de minibús de 58 años, rozó levemente el farol trasero de un automóvil en Mallasilla, La Paz. Pese a que el daño no superaba los 500 bolivianos y el vehículo fue retenido en el garaje de la Estación Policial (EPI) de Calacoto, los custodios encerraron a Poma. Cuando sus hijos acudieron con el dinero, la contraparte y su abogado exigieron retener además sus teléfonos celulares como “garantía”. Rechazaron firmar el acuerdo. Ante la negativa, la suboficial de turno y los custodios mantuvieron retenido al conductor. Luis Fernando Benitez, un albañil de 30 años y padre de dos niños, retornaba de un paseo familiar en Bermejo, Tarija, en el vehículo de su padre. Una patrulla policial lo interceptó por una denuncia de su expareja por un saldo pendiente de asistencia familiar. Fue ingresado a la carceleta del Comando Policial de Bermejo bajo estricta incomunicación hasta que pague. Una vez encerrados, los aprehendidos quedaron atrapados en una “zona gris” sin supervisión independiente. Al cuarto día de detención, por supuesto mal comportamiento, Benitez fue enmanillado al arco de metal de la cancha del recinto, al aire libre, y dejado ahí hasta pasado el mediodía bajo un sol abrasador. Pidió agua, se la negaron. Intentó arrastrar el arco hacia la sombra y una policía le roció gas en la cara, otro lo golpeó con su tolete hasta romperlo. Por la noche, fue agredido con palazos en la cabeza por otro efectivo. Fue llevado a las 11 de la noche al fondo de la cancha, con la ayuda de dos efectivos de Interpol. Apagaron las luces y ejecutaron una golpiza masiva mientras la víctima balbuceaba pidiendo ayuda. Su retención por una deuda civil terminó con su fallecimiento. En la EPI de Calacoto, Gabriela Poma encontró a su padre desesperado pidiendo salir. Mientras gestionaba su liberación, la policía la convocó aduciendo que el chofer “se puso mal”. Los familiares hallaron a Poma en su celda sobre un sillón y sin signos vitales, mientras policías aplicaban alcohol en su rostro para reanimarlo. La versión oficial fue que se había “suicidado con su corbata”, pero la autopsia reveló que Poma presentaba múltiples costillas fracturadas en vida, hematomas en los pies y células epiteliales ajenas bajo sus uñas. El surco en su garganta indicaba un material delgado. Su corbata de trabajo, con la que supuestamente se ahorcó, yacía intacta en la guantera de su minibús. Ante el colapso de los detenidos, la policía “actuó”. En Calacoto, según la denuncia de la familia, el capitán Molina se negó a usar la patrulla parada en la puerta para trasladar a Martín Poma, diciendo que ya venía bomberos para hacerlo, obligando a sus hijas —una de ellas embarazada— a cargar el cuerpo inerte en su auto particular hasta el hospital, donde ingresó sin vida. En Bermejo, los custodios trasladaron clandestinamente a Benitez en camilla al Hospital Virgen de Chaguaya a la 1 a.m. aquejado de intensos dolores, ocultando el hecho a la familia hasta que el representante de la Defensoría del Pueblo los alertó a las 8 a.m. El primer certificado de la médico forense Mabel Villalpando otorgó insólitamente 15 días de impedimento a un paciente con muerte cerebral, mientras el director de la carceleta, Heriberto Colmena Quispe, firmó un informe atribuyendo las lesiones a un “ataque de epilepsia” y posteriormente a una “autolesión por consumo de drogas”. La autopsia constató tres costillas fracturadas, golpes brutales por todo el cuerpo, el corazón desplazado por impactos torácicos y hemorragias sangrantes en la masa cerebral. Los casos de Poma y Benitez son una muestra de la dimensión del problema. En Bolivia, ingresar a una celda policial o carcelaria puede transformarse en una condena de muerte sin juicio. Entre 2016 y 2024, el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas del Ministerio de Gobierno, con datos de la Policía Boliviana, contabilizó 58 personas fallecidas en recintos policiales. La mayoría tenía entre 17 y 30 años. La ausencia de datos judiciales no permitió establecer las causas de todas las muertes ni a sus responsables. Esta investigación de ANF, con el apoyo de IPYS y AECID, en alianza con Erbol, Acceso Investigativo, Brújula Noticias y La Palabra del Beni, documentó 34 casos de muertes ocurridas entre 2010 y 2026, identificados mediante la revisión de publicaciones periodísticas y documentos institucionales, así como información proporcionada por fuentes cercanas a la Fiscalía de La Paz y datos contenidos en un informe de 2024 de la Fiscalía General del Estado. En la mayoría de los casos revisados, las muertes ocurrieron en circunstancias que evidencian situaciones de violencia, abusos o posibles vulneraciones de derechos. La Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), informó para esta investigación que atendió, entre 2021 y 2025, 12 casos críticos de vulneración en celdas policiales: 9 muertes bajo custodia y 3 casos de tortura. Identificó que las muertes en celdas policiales responden a factores estructurales, sanitarios y de violencia: atención médica tardía, agravamiento de enfermedades, uso excesivo de la fuerza, posibles ejecuciones encubiertas como suicidios y presuntos actos de tortura o malos tratos. Señala que la Policía Boliviana no cuenta con protocolos específicos para prevenir muertes bajo custodia, lo que se suma a la falta de registros homogéneos y a la debilidad de los controles internos. El quebrantamiento del deber de garante del Estado se articula mediante un circuito de impunidad: detenciones arbitrarias, uso de tortura en calabozos, precariedad material extrema en las celdas, distorsión pericial en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la autoinvestigación policial y el bloqueo deliberado de causas judiciales. Detrás de los barrotes de las comisarías y los pabellones penitenciarios no se gesta un mero inventario de accidentes