En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por la situación que atraviesa Bolivia y alertaron sobre una “crisis de Derechos Humanos” marcada por hechos de violencia, uso excesivo de la fuerza y afectaciones al debido proceso, ocurridas en las recientes protestas.

A través de un pronunciamiento, los firmantes señalaron que la reconstrucción del tejido social requiere garantizar la dignidad humana, la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, además de transformar las prácticas institucionales que derivan en abusos de poder. En ese sentido, cuestionaron la difusión de discursos que, según el documento, deshumanizan a las personas movilizadas y contribuyen a la criminalización de la protesta social.

El pronunciamiento recoge además información del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), que documentó presuntas vulneraciones relacionadas con detenciones masivas y arbitrarias, discriminación por rasgos culturales, uso de figuras legales sin suficiente sustento y afectaciones al derecho al debido proceso.

Entre los hechos denunciados se mencionan golpes dirigidos a zonas sensibles del cuerpo, uso indiscriminado de agentes químicos, hacinamiento temporal en instalaciones policiales, falta de atención médica especializada y dificultades para documentar técnicamente las lesiones sufridas por las personas afectadas.

El documento también alerta sobre el uso de armas denominadas “no letales” y cita como caso emblemático la agresión sufrida por la periodista Violeta Tamayo, quien resultó herida durante el ejercicio de su labor informativa. Asimismo, advierte sobre casos de violencia ocular con consecuencias físicas permanentes para algunas víctimas.

Frente a este escenario, las organizaciones demandaron investigaciones independientes sobre los casos denunciados, respeto a la presunción de inocencia y el cese de detenciones arbitrarias. También plantearon la necesidad de aplicar medidas de reparación integral que incluyan restitución, rehabilitación, reconocimiento público, garantías de no repetición e indemnización compensatoria para las víctimas.