La trágica explosión en el Regimiento Bolívar de Viacha reabre la discusión sobre las precarias condiciones de la juventud en los cuarteles y el rol histórico de las fuerzas armadas, cuyo alto mando está subordinado al imperialismo estadounidense.
Después de la tragedia de la explosión en el Regimiento Bolívar de Viacha que ha dejado como saldo al menos 9 conscriptos fallecidos, un número similar de desaparecidos, y más de 84 heridos, ha reabierto un debate ineludible. Desde diversos sectores se ha planteado la necesidad de discutir la función social del Servicio Militar Obligatorio (establecido en la CPE) y el rol político de las propias fuerzas armadas. Este debate no se produce en cualquier momento, sino tras casi tres meses de estado de excepción, y luego de una serie de operativos de represión conjuntos (policiales y militares) que, a título de “corredor humanitario” reprimieron a punta de gases y balas a la rebelión campesina y popular.
La Constitución Política del Estado (Art. 245) establece el carácter no-deliberativo de las fuerzas armadas, pero esta limitación, propia de las democracias liberales no ha sido impedimento para que las fuerzas armadas asuman un papel protagónico en la política nacional, con mayor fuerza a partir del golpe de Estado de 2019. Desde el motín policial, las transacciones bancarias entre altos mandos y el sector empresarial cruceño, la militarización de las calles y la autoproclamación de Áñez ante un parlamento vacío en el que el comandante militar le colgaba la banda presidencial, fueron parte activa del golpe. Blindados por el DS 4078, masacraron en Senkata y Sacaba para imponer la “pacificación” del régimen golpista. La toma militar de la Plaza Murillo del 26 de junio del 2023, que aún no termina de esclarecerse por completo, dejó en evidencia, una vez más, el peso político que tienen las fuerzas armadas en el estado.
Se trata de una institución que históricamente ha estado al servicio del imperialismo estadounidense, que a través del Comando Sur emite los mandatos que cumplen las cúpulas militares latinoamericanas. School of Americas Watch, es una organización de defensa de los derechos humanos, que ha hecho pública la lista de exalumnos de esa infame institución, entre los más de tres mil militares bolivianos se encuentran Hugo Banzer, Luis Arce Gómez y muchos otros responsables de las dictaduras militares en el contexto del Plan Cóndor. Pero también se encuentran entre los graduados el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa y el actual comandante en jefe de las fuerzas armadas Víctor Hugo Balderrama Quezada.
Al producirse el giro de política internacional del gobierno de Rodrigo Paz, que somete el país a la política exterior de Trump y al “Escudo de las Américas”, los altos mandos militares regresan con toda comodidad al redil del norte. Esto se traduce en encuentros de alto nivel entre las cúpulas militares aliadas al imperialismo estadounidense y un intercambio fluido tanto de inteligencia (bajo el marco de la “lucha contra el t3rr0rismo de extrema izquierda”) y provisión de materiales bélicos. Este intercambio se hizo muy evidente durante la rebelión campesina y popular, de este mayo y junio pasados, con los envíos de aviones hércules de los países vecinos cuyo contenido, según denuncias, fue de gases lacrimógenos. El 2 de septiembre se registró la llegada de un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea estadounidense que, según las declaraciones a los medios de prensa, habría traído 12.500 raciones secas y mil escudos antimotines para reprimir al pueblo.
Pero esta “cooperación” es tan solo una arista de los intereses militares del imperialismo estadounidense en Bolivia, pues a la par de los múltiples acuerdos en el rubro de defensa, de “lucha contra el narcotráfico” y otros, existe el memorándum de entendimiento sobre los minerales estratégicos para la defensa estadounidense. Así mismo la incorporación al Consorcio de la Base Industrial de Defensa de los EEUU. de empresa transnacional candiense Eloro Resources Ltd que hoy avanza en la explotación de la mina Iska Iska.
Mientras el alto mando intenta justificar su accionar y sus millonarios presupuestos como la “defensa de la soberanía y de la independencia nacional”, pero este discurso cae a saco roto al ver no sólo la sumisión al Comando Sur de los EE.UU., sino también el trato de “su majestad” brindado al monarca español, símbolo del saqueo colonial en Nuestra América y heredero político de la dictadura franquista. Un trato diametralmente opuesto al que reciben los familiares de los conscriptos fallecidos, heridos y aún desaparecidos a causa de la explosión en Viacha. En los últimos 15 años suman más de 70 conscriptos fallecidos en “accidentes” o por negligencia dentro de los cuarteles [1]. La tragedia de Viacha no es un hecho aislado, es la consecuencia directa de las condiciones de explotación a la que son sometidos los jóvenes pobres, utilizados como carne de cañón para la represión interna y mano de obra barata para los negocios de la casta militar.
El alto mando justifica su accionar y sus millonarios presupuestos como la “defensa de la soberanía y de la independencia nacional”. El 11 y 12 de marzo de 2026 las tropas rindieron honores de “su majestad” a Felipe VI en el Palacio Quemado. Fue el primer jefe de Estado que recibió Rodrigo Paz, presentado como “gran amigo personal”. El monarca español es símbolo del saqueo colonial en Nuestra América y heredero político de la dictadura franquista. Las madres y los familiares de los conscriptos de Viacha recibieron otro protocolo: muertos, heridos y desaparecidos por la explosión del 4 de septiembre en el Regimiento Bolívar. Según denuncias recogidas por la Defensoría del Pueblo, entre 2011 y 2023 se registraron entre 62 y más de 90 muertes de conscriptos en “accidentes” o por negligencia dentro de los cuarteles; apenas un par de casos derivó en sanción. En Viacha se expresa la explotación cotidiana de los jóvenes pobres, usados como carne de cañón para la represión interna y como mano de obra barata para los negocios de la casta militar.
Pero estos atentados a la soberanía política son apenas la punta del iceberg de un desmantelamiento económico y de entreguismo de parte de los altos mandos militares. Ya en su momento, el diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz en el Juicio a la Dictadura de Banzer, denunció la entrega del país desde el gobierno militar, denunció el Decreto Ley 10.170 de Hidrocarburos (marzo de 1972) como desnacionalización de los recursos naturales por las concesiones a transnacionales. El mismo 1972, el régimen de Banzer creó la Corporación de las fuerzas armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA) mediante el D.S. 10.576, para que la cúpula militar participara de forma directa en la economía. Al año siguiente se le traspasaron granjas, fábricas de cuero, jabones y muebles, el proyecto Abapó-Izozog y el de la Fábrica Nacional de Explosivos, que ya estaban bajo administración militar. El capital estatal se fusionó con los negocios de la casta. El golpe de García Meza del 17 de julio de 1980 logró impedir la realización del juicio de responsabilidades, desapareció a Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La “seguridad nacional” sirvió para eludir la fiscalización aún en gobiernos institucionales. Según el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de las Privatizaciones y Capitalizaciones (CEMIPyC) de la Asamblea Legislativa, el ministerio de Defensa llegó a tener 30 empresas públicas, pero no está clara la situación de todas las empresas, ya que la respuesta de las FF.AA. al parlamento en múltiples casos fue de que la documentación se habría quemado por lo que no se sabe en qué momento, a quién y a qué precio se entregaron bienes públicos.
De los casos que se conoce, está la Fábrica Nacional de Explosivos que en 1999 fue privatizada por el gobierno de Hugo Banzer y Tuto Quiroga. Se vendió el paquete mayoritario (51%) a la Unión Española de Explosivos S.A. (hoy MAXAM), dejando el 46,92 % en manos de COFADENA. La comisión parlamentaria sentenció que “una empresa militar, vinculada a la seguridad nacional, pasó a ser controlada por una empresa extranjera”.
Ese mismo 1999, Banzer firmó el D.S. 25.620: el Tesoro General de la Nación cubre, mes a mes, la diferencia para asegurar a los militares la jubilación al 100%. Mientras millones de trabajadores y campesinos viven en total precariedad sin seguridad social, y quienes tienen relaciones laborales formales, bajo el modelo de las AFP, que en sus esencia se mantiene bajo la administración de la Gestora, reciben jubilaciones miserables que no alcanzan para llegar a fin de mes, que aún con 35 años de aporte no llega al 70% del salario.
Frente a esta realidad, comparto un extracto del Manifiesto Programático de la LOR-CI, que expresa el horizonte que planteamos:
Es urgente terminar con los abusos que se cometen contra la juventud que cumple con el servicio militar. ¡Reducción del tiempo del servicio militar a lo estrictamente necesario para que las y los trabajadores conozcan el uso de las armas y de las técnicas militares! ¡Basta de los abusos físicos y laborales de la oficialidad contra la tropa! ¡Plenos derechos de organización civiles y políticos para los conscriptos!, única manera de impedir que sean usados para la represión popular o para el abuso como mano de obra gratuita para beneficio de los altos mandos.
A esto habría que sumar la exigencia de juicio a los responsables, y la apertura de los libros contables de las empresas de COFADENA y COSSMIL y la desclasificación de todos los archivos militares.
Al haberse decretado, con autorización parlamentaria, una ampliación de 90 días del estado de excepción, se mantiene a las fuerzas armadas y policiales en las calles como amenaza permanente de represión contra la movilización popular.
